Introducción
La Agenda 2030
en su Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 expresa que se debe garantizar
una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos. Para la Unesco “la educación es un derecho
humano, con acceso universal e igualitario, de calidad, gratuito y obligatorio,
que es un bien público, responsabilidad del estado (…)” (2015, p. 33). Para el
Gobierno cubano ha sido, desde enero de 1959 una prioridad la educación, como
un pilar fundamental del desarrollo y ha realizado inminentes esfuerzos en la
educación general y en la formación de docentes.
En este sentido,
la Constitución de la República de Cuba legisla:
b) la enseñanza
es función del Estado, es laica y se basa en los aportes de la ciencia y en los
principios y valores de nuestra sociedad; c) la educación promueve el
conocimiento de la historia de la nación y desarrolla una alta formación de
valores éticos, morales, cívicos y patrióticos; d) promueve la participación
ciudadana en la realización de su política educacional, científica y cultural;
(Artículo 32: 21 y 22), así como en el 8vo. Congreso del PCC, se determinan en
sus Lineamientos 92 y 94, la importancia de la educación, donde se sustenta que
el conocimiento es condición y factor del desarrollo social y humano,
favoreciendo la autorrealización personal y la calidad de vida del ciudadano
cubano. Por tanto, es necesario que esta sea de calidad donde todos tengan la
oportunidad de aprender durante toda la vida.
Si bien los
Lineamientos, como sistema, abarcan todos los aspectos de la vida ciudadana, un
momento lo dedican a la importancia de la participación del ciudadano en los
procesos de construcción del ordenamiento jurídico (toma de decisiones) y la
necesidad de comprenderlo para cumplir con el mismo, en este sentido, la
educación general en las instituciones educacionales debe lograr este objetivo
a partir de su tratamiento en cada uno de los procesos que abarca el sistema de
dirección, para esto es de suma importancia la preparación de directivos y
docentes en la conducción de forma adecuada de los mismos y de manera
particular los metodólogos de la educación general y media, los cuales en su
desempeño deben realizar labores de asesoría a las estructuras de dirección en
las instituciones educacionales.
Los
investigadores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP, 2016) al
referirse a la educación plantean:
“(…) es
necesario replantearse cuestiones teóricas y metodológicas de la educación
cubana, sin renunciar a la formación de un hombre “más pleno, más libre, más
auto realizado y auto determinado; contribuyendo a que el pueblo, como parte de
la sociedad, se sienta más implicado en sus necesarias transformaciones” (p.
3).
En las
condiciones actuales, la formación integral de las futuras generaciones
constituye un reto en las instituciones educativas, para poder llevar a cabo
esta labor es necesario que los funcionarios, directivos y docentes estén
debidamente preparados, lo que implica la adquisición de nuevos conocimientos,
habilidades y competencias necesarias para enfrentar los retos y demandas que
plantea la formación del ciudadano en la sociedad cubana actual, en
correspondencia con los avances tecnológicos, sociales, políticos y culturales.
Esta preparación
requiere del conocimiento de las diferentes teorías pedagógicas, dominio de las
estrategias de enseñanza más efectivas en respuesta a las necesidades y
características de los educandos, fomentando el pensamiento crítico, la
creatividad y la capacidad de resolver problemas. Asimismo, los directivos y
docentes deben tener una sólida formación ética y moral, que les permita
inculcar valores como la responsabilidad, el respeto, la honestidad y la
tolerancia en sus educandos.
En el contexto
cubano es fundamental el dominio de la Constitución de la República, las
políticas, legislaciones y normativas educativas, para poder implementarlas en
los diferentes escenarios de actuación, de manera justa y equitativa, que
contribuya al logro de la calidad de la educación y su concreción en el
perfeccionamiento del sistema nacional de educación para la formación integral
del ciudadano, más motivado y comprometido con su profesión y la obra
educacional cubana.
A juicio de Infante
Ruiz, Pupo Guisado y Ochoa del Rio (2020) “En la actualidad, la cultura
jurídica constituye una herramienta ineludible en el actuar de los directivos y
su efectiva contextualización en el ejercicio de su cargo, ante las nuevas
transformaciones operadas en la sociedad cubana” (p. 1)
Lo antes expresado
no le es ajeno a los directivos y funcionarios de las Direcciones Generales de
Educación (DGE), como protagonistas del desarrollo del proceso pedagógico y la
formación continúa de directivos y docentes en las
instituciones educativas en el territorio. En este sentido, la superación
profesional garantiza su preparación para complementar, actualizar y
profundizar en conocimientos y habilidades necesarias, relacionadas
directamente al ejercicio profesional, a los avances científico-tecnológicos y
a las necesidades y exigencias de las instituciones donde se desempeñan.
El presente
artículo tiene como objetivo: valorar la importancia de la superación
profesional para el logro de una cultura jurídica de los metodólogos
educacionales en el Sistema Nacional de Educación.
Materiales y
Métodos
La presente investigación se basa en el método
general dialéctico-materialista que permitió el análisis del objeto de estudio
y su desarrollo, así como revelar las relaciones esenciales entre el sistema categorial
asumido.
Dentro de los métodos teóricos el
analítico-sintético se empleó en el análisis y valoración de los estudios
realizados sobre cultura jurídica y su relación con otras categorías como:
educación jurídica, preparación jurídica y su concreción en la superación
profesional de los metodólogos municipales, lo que posibilitó la comprensión,
explicación y generalización de las principales regularidades. El inductivo-deductivo
se utilizó para obtener las inferencias y generalizaciones acertadas en la
determinación de los referentes y fundamentos teórico-metodológicos sobre
cultura jurídica y superación profesional. En el análisis
documental se aplicó la técnica de fichado
bibliográfico y de contenido, para la selección y argumentación de los
principales aspectos que justifican la necesidad del tratamiento del contenido
jurídico en la superación profesional de los metodólogos municipales para
contribuir a su cultura jurídica y el estudio de fuentes y recursos de
información sobre cultura jurídica y superación profesional.
La sistematización en esta
etapa del proceso investigativo, favoreció la determinación del marco
teórico-metodológico y de los núcleos teóricos lo referido a la cultura
jurídica, la superación profesional y la preparación jurídica en el contexto de
la Dirección General de Educación, tomando como base orientadora el saber,
saber hacer y el saber ser de los metodólogos, desde el tratamiento de
contenidos jurídicos en su desempeño profesional.
Resultados y Discusiones
Al abordar la cultura
general integral desde lenguaje pedagógico se hace referencia a la cultura
científica, cultura económica, cultura artística, cultura moral, cultura
político ideológica, cultura informacional o infotecnológica,
cultura audiovisual y cultura jurídica, entre otras. En la presente tesis se
asume como objeto de estudio la cultura jurídica, en particular, de los
metodólogos de la educación media y general de la DGE, desde la valoración de
la preparación jurídica como proceso que tributa a esta.
Las transformaciones
operadas en el sistema jurídico cubano exigen la existencia de una cultura
jurídica, si bien no especializada, al menos lo suficientemente básica como para
enfrentar las diferentes áreas de competencias en las que se desenvuelven,
todos los actores que intervienen en el concierto social. Especial importancia
se le brinda en la actualidad a la formación de dicha cultura jurídica en
directivos y funcionarios que en el ejercicio de sus funciones son encargados,
sin ser operadores del derecho, de “cumplir y hacer cumplir con la legalidad
socialista”.
La experiencia acumulada
por los autores del presente artículo en su desempeño profesional en los
diferentes niveles de dirección en el Sistema Nacional de Educación vinculados
a la investigación educativa, la formación pedagógica y la superación
profesional permitió identificar un conjunto de situaciones que atentan contra
la cultura jurídica de los metodólogos educacionales, entre las que se
encuentran:
- Insuficientes
acciones de preparación jurídica de los metodólogos de la educación general
y media, que les proporcione contar con una cultura jurídica para la
instrumentación de procedimientos, normativas y reglamentos, en
correspondencia con las necesidades y exigencias del contexto educativo.
- El tratamiento al
contenido jurídico (política educativa, normas jurídicas, resoluciones,
proyección estratégica de la educación en los diferentes niveles, normas
que regulan la labor educativa, vías para proceder desde lo legal ante
diversas situaciones, entre otros), es uno de los aspectos menos abordados
en la superación profesional de los metodólogos de la educación general y
media, los cuales en su desempeño deben realizar labores de asesoría y
acompañamiento a las estructuras de dirección en las instituciones
educacionales.
- No siempre se
aprovechan las potencialidades del trabajo metodológico en la realización
de actividades dirigidas al conocimiento jurídico, que supone el dominio,
comprensión de los documentos jurídicos y normativos, su implementación y
una conducta responsable, con base en el conocimiento y respeto de la ley
en el contexto educacional.
Se requiere, por tanto,
de una superación profesional de los metodólogos de la educación general y
media que favorezca la apropiación de una cultura jurídica, de forma tal, que
pueda transferirla al proceso de preparación y asesoría metodológica de las
estructuras de dirección en las instituciones educativas.
La cultura jurídica. Acercamiento teórico necesario desde la
Ciencias de la educación.
La cultura jurídica ha
sido investigada desde los años sesenta del siglo XX (Dueñas, Vélez y Zambrano,
2017). Se ha dirigido a la sociedad, a los estudiantes, profesores y
profesionales del Derecho, pero dentro del sector educacional, existen pocos
estudios que conduzcan a la cultura jurídica en los directivos y metodólogos
educacionales. En este sentido, Bosmenier (2017),
constituye uno de los precursores del tema en Cuba, al desarrollar una
concepción pedagógica y una estrategia para la formación jurídica de los
directivos universitarios.
El sector educacional no
es ajeno a dichas exigencias, si se tiene en cuenta que, jurídicamente hablando
en el mismo confluyen, por su condición de entidad formadora, no solo las
regulaciones emanadas del MINED y las de carácter cooperado que este puede
establecer con otras partes interesadas sino, que como salvaguarda del civismo
nacional tiene el fin de formar adecuadamente a las nuevas generaciones para su
inserción social como proactivos agentes de cambio a mediano y largo plazo.
La cultura jurídica se
ha observado que funciona como puente entre el conjunto de normas ya sea dentro
de las prácticas sociales como en el sentido antropológico, saliendo por
completo y abarcando áreas más allá de las teorías del derecho. Infante, Pupo y Ochoa
(2023) se refieren a la cultura jurídica como:
El conjunto de ideas, creencias,
valores, normas y aptitudes en relación con el derecho, que inciden en el
comportamiento de los individuos de una organización, al ser trasmitidos y
compartidos por sus miembros, que permita a futuro desarrollar mayores
destrezas, hábitos o costumbres, en la manera de entender, aplicar y enseñar el
derecho, así como enfrentar mejor los diversos conflictos que se susciten en
torno a sus respectivos roles. (p. 2)
Esta definición enfatiza
los elementos cognitivos, actitudinales y normativos que conforman la cultura
jurídica.
Para Garbey-Árias
(2016):
La cultura jurídica es capaz de
comprometer, mediante un sistema de valores, hábitos y tradiciones, tanto a la
actividad consciente del sujeto, como a las instituciones y organismos del
Estado. Por tanto, puede actuar como mecanismo social para superar las contradicciones
surgidas en el plano espiritual de la vida jurídica, lo que condiciona la
formación y el perfeccionamiento de una conciencia jurídica culta, convirtiéndose
en patrimonio de la conciencia y de la actividad de las masas. (pp. 37-38)
Otra de las definiciones
subraya la importancia de la cultura jurídica para el desempeño de los
directivos en el contexto actual de cambios en Cuba, en este caso Infante Ruiz,
L., et al. (2020) al considerarla "Una herramienta ineludible en el actuar
de los directivos y su efectiva contextualización en el ejercicio de su cargo,
ante las nuevas transformaciones operadas en la sociedad cubana". (p. 1)
Vivar Álvarez,
J. C., et al. (2020) señalan que la red de actitudes, valoraciones y creencias
compartidas sobre la legalidad y el derecho ejercido es lo que configura la
cultura jurídica. Se puede distinguir entre dos tipos cultura jurídica interna
y cultura jurídica externa:
- Cultura
jurídica interna. Las actitudes, valores y creencias son compartidos por
quienes se relacionan profesionalmente con el Derecho y comunicativamente
se ha asociado esencialmente con la hermenéutica como capacidad
argumentativa y expresiva.
- Cultura
jurídica externa. Cuando dichas actitudes, valores y creencias son compartidos
por las personas que se relacionan, solo esporádica y ocasionalmente, con
el sistema legal, el público, de ahí que comunicacionalmente haya estado
más vinculada a los procesos de opinión pública referidos al conocimiento
de las leyes y por su defecto los procesos generados por los medios de
comunicación y los procesos educacionales. (p. 7)
En el caso que
nos ocupa la superación profesional de los metodólogos educacionales, hace
alusión a la cultura jurídica externa, se dirige a el conocimiento del sistema
jurídico y legal que les permite el cumplimiento de sus funciones en la
orientación y acompañamiento de los directivos de las instituciones educativas,
convirtiéndose en multiplicadores y facilitadores de la preparación jurídica de
estos últimos.
Se evidencia la
necesidad de continuar investigando desde las Ciencias de la educación, los
aspectos relacionados con la preparación jurídica y la propuesta de acciones
dirigidas a la superación profesional de los metodólogos de la educación
general y media, que contribuyan al el conocimiento, comprensión y respeto de
la ley en el contexto educativo donde desempeña su labor y la puesta en
práctica de las políticas, leyes, normativas y resoluciones en el ámbito
educacional en el que se desempeñan, como participantes activos de los nuevos
cambios que tienen lugar en la sociedad cubana actual.
Superación profesional como proceso pedagógico para potenciar
la cultura jurídica
La superación
se proyecta a dicho progreso profesional y humano y responde a las transformaciones
que se requieren en la conducta de los docentes, en sus conocimientos generales
y específicos, en sus habilidades básicas y especializadas, en sus hábitos,
actitudes y valores, así como en sus responsabilidades, funciones laborales y
cualidades profesionales. (Valle y Castro, 2002, p. 5)
Para Bernaza, et al. (2018) la superación profesional es:
El proceso de
superación profesional es un proceso pedagógico que no se reduce al proceso de
enseñanza-aprendizaje, presente en el transcurso de él, sino incluye otros
procesos formativos y de desarrollo muy vinculado con la actividad laboral
presente (...) que accede a sus diversas formas organizativas. Es una sucesión
sistemática de actividades de aprendizaje en un contexto histórico cultural
concreto, donde la vivencia y la experiencia profesionales de los que
participan generalmente tienen un lugar, es transformador, contribuye al
mejoramiento continuo y pertinente de su desempeño profesional y logro de
valores auténticos. (p. 16)
Entre las
principales formas organizativas de la superación profesional de posgrado el
curso y el entrenamiento y la autopreparación, asume
lo planteado por Bernaza, et al. (2018) diferenciar
para qué, cómo y cuándo utilizar el curso, el entrenamiento y la autopreparación que constituyen una base orientadora para
la conformación de los programas, en función del diagnóstico. Sienta su
carácter proyectivo hacia el empleo del diplomado. Expresa otras formas
organizativas secundarias de la superación profesional como: son el seminario,
taller, conferencia especializada y la autopreparación.
(p. 11)
Desde el
Ministerio de Educación Superior (MES) de Cuba se reconoce, además, como:
(…) la que se
realiza por las instituciones de educación superior y los centros autorizados
por el MES con el objetivo contribuir a la educación permanente y la
actualización sistemática de los graduados universitarios, el perfeccionamiento
del desempeño de sus actividades profesionales y académicas, así como el
enriquecimiento de su acervo cultural. Las formas principales de superación
profesional son: el curso, el entrenamiento y el diplomado y como formas
secundarias incluye el seminario, el taller, la conferencia especializada, el
debate científico, la autopreparación, la consulta,
entre otras.” (Artículos 19, 20 y 21, RM 140/2019, MES)
Lograr en los
directivos, metodólogos y docentes una cultura jurídica de acuerdo a las
condiciones históricos-concretas y al proyecto de desarrollo del país, lo que
requiere un elevado conocimiento de las leyes, una conducta responsable, con
base en el conocimiento y respeto a la ley, para disminuir la influencia de la
espontaneidad. La superación profesional para contribuir a la cultura jurídica
debe ser vista como un proceso de formación de la comunidad educativa, integra
sus conocimientos y su posición ante la legalidad socialista, constituye un
factor de la formación humanista y convirtiéndose en el núcleo orientador y
regulador de la conducta de estos como agentes socioeducativos en sus
diferentes contextos de actuación.
En el contexto
de las Direcciones Generales de Educación (DGE) en los municipios del país por
tratarse del nivel de dirección más próximo a las instituciones educativas y su
accionar diario, lo metodólogos de la educación general y media deben asumir en
su propia condición de educadores encargados de la atención integral de las
instituciones educativas para el asesoramiento, acompañamiento y control de las
mismas en el desarrollo de los procesos que intervienen en la formación integral
de las nuevas generaciones la formación en directivos y docentes de hábitos
saludables de apego y respeto a lo normado por las distintas instancias de
dirección y el correcto comportamiento cívico, ético y profesional, en fin la
formación de una adecuada cultura jurídica.
Lo antes
expuesto denota la necesidad de actualización constante de funcionarios y
directivos educacionales, inherentes a sus funciones, en temas jurídicos que
les permitan afrontar de manera consecuente la materialización de las políticas
establecidas de manera vertical desde los niveles centrales de dirección hasta
su realización en la práctica cotidiana, por tratarse de los responsables del
asesoramiento de los directivos y docentes el ejercicio de sus funciones lo que
los convierte por demás en garantes del proceso docente educativo y la gestión
de dirección educacional.
Sin embargo, no
se puede pretender una adecuada cultura jurídica y por consecuencia una
correcta aplicación de las normativas, separadas de la correcta comprensión de
dichas normas; el conocimiento, la habilidad y la comprensión son el material
que se intercambia en educación; para el conocimiento y la habilidad, una
respuesta aproximada surge con gran facilidad, mientras la comprensión
demuestra ser más sutil ya que no se reduce al conocimiento.
Comprender
requiere más que sólo reproducir información y es más que una habilidad
rutinaria bien automatizada. Aunque el conocimiento y la habilidad pueden
traducirse como información y desempeño rutinario a mano, la comprensión se
escapa de estas normas simples. En pocas palabras, comprender es la habilidad
de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe, la comprensión
de un tópico es la “capacidad de desempeño flexible” con énfasis en la
flexibilidad.
La aplicación de
“lo establecido” por las normas no puede tener su basamento en la rigidez de la
letra escrita, sino que debe ser responsablemente sometido a la comprensión
para la interpretación de funcionarios comprometidos con la legalidad al
ejercicio de la justicia al operar de alguna manera el derecho y garantizar que
el proceso de enseñanza aprendizaje aparejado al adecuado funcionamiento de las
instituciones educativas, en forma alguna contravengan, las aspiraciones nacionales
de una sociedad con todos y para el bien de todos.
La preparación
para la comprensión jurídica en directivos y metodólogos educacionales debe
incluir una serie de contenidos fundamentales que les permitan comprender para
aplicar, orientar y asesorar respecto a las leyes y normativas relacionadas con
la educación, así como gestionar los aspectos legales de las instituciones
educativas.
Los directivos y
metodólogos educacionales deben conocer y comprender las leyes y normativas que
regulan el sistema educativo, tanto a nivel nacional como local, familiarizarse
con las leyes sobre educación, currículo, derechos y deberes de los estudiantes
y docentes, entre otros temas relevantes esto incluye aspectos como la igualdad
de oportunidades, el acceso a la educación, el derecho a un ambiente escolar
seguro, deben estar familiarizados con los procedimientos legales que se
aplican en el ámbito educativo, como los procesos disciplinarios, los
procedimientos de admisión y selección de estudiantes, los recursos y
apelaciones, saber cómo manejar estos procedimientos de manera justa y
equitativa, conocer las leyes laborales que se aplican a los docentes y no
docentes, así como los procedimientos de contratación y finalización del
vínculo laboral, gestionar adecuadamente las relaciones laborales y resolver
conflictos de manera legal.
En el contexto
actual de avance tecnológico y manejo de información, los directivos y
metodólogos educacionales deben tener conocimientos sobre la protección de
datos y privacidad. Deben conocer las leyes y normativas que rigen la
recolección, almacenamiento y uso de datos personales, implementar las medidas
necesarias para proteger la privacidad de los estudiantes y docentes.
Se trata de un
cumulo de información, que por más que se pretenda minimizar resulta lo
suficientemente abarcador como para ser estudiados empíricamente; de ahí la
necesidad de ahondar en ellos por parte de los metodólogos educacionales con la
asesoría de expertos en las diferentes áreas de la materia. Existe consenso
entre los investigadores al precisar que la preparación y capacitación de los
directivos y docentes en el área jurídica aún es débil en su concepción y en la
realización de sus buenas prácticas educativas.
Esta idea
permite entonces compartir los criterios señalados Torres (2004) en su tesis
doctoral “Propuesta de un modelo de capacitación para los dirigentes de la
Educación Técnica y Profesional” la cual plantea
“que el proceso
de dirección educacional debe caracterizarse por escoger el camino de la creatividad,
de la racionalidad y la originalidad, combatiendo todo intento de concebirla
como una dirección detenida en el tiempo, dedicada a contemplarse a sí misma y
sin dejar de atemperarse a los requerimientos de las transformaciones y los
cambios que se realizan en la política educativa y que necesitan de una preparación
permanente de los cuadros educacionales. (p. 34)
La superación
profesional, en este sentido, debe estar encaminada a la formación de un modo
de actuación profesional, donde se expresen los valores y comportamientos
jurídicos. La adquisición de la cultura jurídica en los profesionales de la
educación no significa convertirlos en especialistas en Derecho, sino
entrenarlos para atender la legalidad desde el ejercicio de su profesión. Su
actuar profesional en la vida está regido por leyes que no debe ignorar y de
las que debe conocer los elementos esenciales para desempeñarse en
correspondencia con las regulaciones que en ellas se instituyen.
Conclusiones
La
cultura jurídica implica el conjunto de conocimientos, creencias, valores y
prácticas relacionadas con el derecho que poseen los miembros de una sociedad,
incluyendo a los directivos y metodólogos, y que guían su comportamiento y toma
de decisiones. Es un elemento clave para la gestión y el desarrollo social en
el contexto cubano actual.
La
superación profesional una vía esencial para contribuir a la cultura jurídica,
la que debe ser vista como un proceso de formación de la comunidad educativa,
integra sus conocimientos y su posición ante la legalidad socialista,
constituye un factor de la formación humanista, convirtiéndose en el núcleo
orientador y regulador de la conducta de estos como agentes socioeducativos en
sus diferentes contextos de actuación.
La
cultura jurídica en la labor de los metodólogos de la DGE se refiere al
conjunto de conocimientos, valores, normas y prácticas relacionadas con el
ámbito jurídico que son esenciales para el desempeño de su actividad
metodológica en el ámbito legal. Implica una comprensión de las leyes, los procedimientos
legales, los principios éticos y los derechos y responsabilidades asociados a
la toma de decisiones y la gestión de una organización.
El
estudio realizado evidencia la necesidad de dar respuesta desde la ciencia y la
investigación educativa a aspectos relacionados con la cultura jurídica, la
educación y formación jurídica mediante resultados científicos, en particular
una estrategia que proyecte acciones que contribuyan a la preparación jurídica
de los directivos, metodólogos y docentes de los diferentes niveles educativos
en el Sistema Nacional de Educación cubano.
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